La pobreza y la desigualdad, temas pendientes en la agenda política

La pobreza y la desigualdad, temas pendientes en la agenda política Pobreza y desigualdad

Las elecciones del 2018 están a la vuelta de la esquina, las campañas electorales no tardan en saturar los espacios publicitarios y es momento de preparar argumentos para exigir una agenda ciudadana que impulse los temas que en verdad son prioridad para el país, y no para los grupos políticos en el poder. Hay varias cuestiones pendientes en la lista de agravios por resolver, debemos formular con precisión las inquietudes apremiantes para proponer soluciones pertinentes y, sobre todo, asequibles.

La pobreza y la desigualdad, dos asuntos vinculados, pero bien distintos, son una preocupación fundamental que deberán atender los aspirantes a los puestos de elección popular el próximo año. Los candidatos que no incluyan en sus prioridades una estrategia para atender estas problemáticas no deberían ser tomados en cuenta por los votantes para asumir puestos de responsabilidad pública. 

Ambos factores parecen estar desatendidos, aunque haya programas específicos que pretenden paliar la pobreza –incluso se habla de un “combate” que se le hace a este fenómeno– y reducir la desigualdad. De acuerdo con un análisis del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), citado por Sin Embargo, los niveles de pobreza y desigualdad crecerán en lo que queda del sexenio como consecuencia de la escalada de precios que sigue al alza y la incapacidad de los programas sociales para atender estas necesidades.

La pobreza se ha mantenido, en términos porcentuales, en los mismos niveles desde hace más de veinte años. De acuerdo con información de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, el 53.1% de la población nacional se encontraba por debajo de la línea de la pobreza en 1992, mientras que para el 2012 este porcentaje solo se redujo apenas dos puntos para quedar en 51.6%. Si anotamos, por matizar las cifras, que la población ha crecido en este tiempo, el diagnóstico es abrumador.

El porcentaje se ha reducido, pero la cantidad de personas en condiciones de pobreza ha aumentado. Cuando comenzó el sexenio actual había 60.6 millones de pobres, para 2014 la cifra aumentó a 63.8 millones. Visto más de cerca, los índices de pobreza nos permiten visualizar el problema de la desigualdad. La información recopilada por Acción Ciudadana, citada por Sin Embargo, muestra que entre la población indígena la situación es más severa. El 72% de la población indígena vive en condiciones de pobreza y solo el 6% no presenta carencias de ingresos o sociales.

Además, en los estados del sur y sureste del país, los índices de pobreza son preocupantes. La mitad de la población chiapaneca, la tercera parte de los guerrerenses y veracruzanos y el cuarenta por ciento de los oaxaqueños viven en condiciones de pobreza extrema. Es decir, carecen de los recursos necesarios para llevar una vida digna. Estos datos hacen evidente una situación de crisis crónica que debemos afrontar como ciudadanos solidarios y consientes que decimos ser. El compromiso es irrenunciable y debe ser una prioridad para quien compita en las próximas elecciones.

Por su parte, la desigualdad en el país tampoco ha cedido. México sobresale por ser el que presenta la mayor desigualdad en el ingreso entre los países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El coeficiente de Gini, una medida de la desigualdad, es un número entre 0 y 1, donde el 0 representa la igualdad absoluta y el 1 la completa desigualdad. Mientras más cerca se encuentra un país del 0, menos desigual es; conforme se acerca al 1, más desigual. De acuerdo con mediciones de la OCDE, México tiene un coeficiente de 0.459, el peor de los países miembro.

Resulta muy significativo observar, como señala El País, que el 10% de la población con mayores ingresos concentra el 50% del ingreso nacional. El contraste entre los ingresos promedio de la población con mayores ingresos, 168,855 pesos al trimestre, y los ingresos de la población con menores ingresos, 8,166 pesos en el mismo periodo, pone en evidencia la incapacidad del sistema productivo mexicano y de la política pública de generar mecanismos adecuados para propiciar una distribución del ingreso que coadyuve en la solución de las inequidades nacionales.

Como apunta Clara Jusidman, la desigualdad en el país tiene su origen en un recorrido histórico complejo que responde a varios factores. “Se manifiesta en condiciones, niveles y esperanzas de vida fuertemente diferenciados entre personas y grupos de población, y determina trayectorias laborales y educativas que profundizan estas distancias.” Entonces, la atención de esta problemática va más allá de un simple reparto de ingresos a sectores vulnerables. Requiere de la transformación de las condiciones de vida de los sectores con menores ingresos para que exista la posibilidad de que desarrollen una trayectoria de crecimiento endógeno.  

Las políticas públicas que han tratado de solucionar los problemas que genera la desigualdad, retoma Jusidman a Luis Reygadas, se han concentrado en tres factores particulares: la capacidad de las personas para atraer y capturar recursos, las relaciones que establecen las personas y las estructuras sociales en las que se mueven. Las diferentes generaciones de programas públicos responden a estos factores, pero no atienden a una lógica integral que unifique criterios, metodologías y objetivos para superar los problemas de la desigualdad en el país. Por el contrario, cada iniciativa avanza con una dinámica inercial que perpetúa su desgaste, desvaneciendo sus objetivos y mermando sus alcances.

Como parte de los esfuerzos internacionales por alcanzar el objetivo de eliminar la pobreza extrema para el 2030, el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, señaló que “para poner fin a la pobreza, debemos lograr que el crecimiento beneficie a los más pobres”. Además, añade, es necesario “reducir el elevado nivel de desigualdad”. Con base en información sobre países que han logrado abatir los índices de desigualdad en los últimos años (Brasil, Camboya, Malí, Perú y Tanzania), un estudio de este organismo ha identificado algunas medidas que permiten reducir la pobreza y la desigualdad con cierta efectividad.

Para empezar, el desarrollo y la nutrición en la primera infancia son una condición fundamental para que los grupos marginados puedan aprovechar las oportunidades de aprendizaje y desarrollo que se deben poner a su alcance. En segundo lugar, se debe proporcionar la cobertura universal de salud y el acceso universal a educación de calidad. Por otro lado, las transferencias monetarias directas a las familias de menores ingresos sin condicionamientos hace posible el aprovechamiento de las oportunidades educativas. No obstante, esto no es suficiente. Además, es indispensable que se invierta en infraestructura rural, en caminos y electrificación, para poder incorporar los sectores rezagados y desconectados al sistema productivo. Finalmente, es irrenunciable la reformulación de la política tributaria para diseñar mecanismos de redistribución a través de los instrumentos oficiales. ¿Son suficientes estos mecanismos para reducir tanto la pobreza como la desigualdad? A pesar de la evidencia positiva que recaba al respecto el estudio del Banco Mundial, la historia de nuestro país parece contradecir su estudio en varios aspectos.

La primera generación de políticas públicas que se ensayó el siglo pasado en México, desarrollada entre los años cuarenta y setenta, buscó incorporar a los trabajadores a la seguridad social y a la protección laboral que ordena la constitución. Este esfuerzo se acompañó de la provisión de la educación universal para fomentar el desenvolvimiento de las capacidades productivas de la sociedad. Es decir, el gobierno intentó dar salud, educación y derechos laborales a los trabajadores. El desarrollo institucional, legislativo, de infraestructura y recursos humanos fueron relevantes. Desafortunadamente, el esfuerzo gubernamental propició la exclusión, señala Jusidman, y el rezago del campo por concentrarse en dar cobijo a trabajadores de los sectores de reciente industrialización.

El abandono del campo, como se le conoce desde entonces, impulsó una dinámica de migración del campo a la ciudad, que, aunque no era nueva, desencadenó nuevos patrones de supervivencia en las urbes del país. El sector comercial informal floreció mientras los problemas económicos que enfrentó el gobierno en la década de los ochenta le hacían imposible continuar con la ampliación de esta primera generación de políticas sociales. De forma paralela, se impulsó una nueva estrategia, una segunda generación de políticas para remediar los problemas en el campo.

La Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (Coplamar) de 1977 y el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) de 1989 son ejemplos de este enfoque. El objetivo de esta segunda generación de programas era impulsar un conjunto de intervenciones sociales que combinaran la atención social (salud, alimento, saneamiento) con inversiones en infraestructura productiva (caminos, obras de riego, asesoría empresarial, créditos, etc.). El problema en este caso fue que se favorecieron regiones y grupos que contaban con una organización previa y con capacidad para sacar mayor provecho de estos estímulos, por lo que los grupos marginados quedaron, una vez más, rezagados. 

La tercera generación de políticas sociales de esta índole, se concentraron en la resolución de los problemas de ingresos de las personas en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. El programa Progresa y su secuela Oportunidades, apunta Jusidman, son ejemplos de estos intentos de resolver los problemas nacionales. Como recomienda el Banco Mundial en su estudio, estos programas impulsaron transferencias monetarias directas con la finalidad de brindar a las familias el acceso al alimento, la salud y la educación que requieren para insertarse en los mercados laborales y superar la pobreza. Las fallas de este tipo de esfuerzos radican en la dependencia de los mismos de la infraestructura y oportunidades de crecimiento ya existentes, en su incapacidad para generar nuevos espacios productivos y la imposibilidad de vincularse con otros sectores económicos. Además, “no construyen ciudadanía, no desarrollan participación, ni responsabilidad, ni solidaridad”, advierte Jusidman. La dependencia y la falta de iniciativa de los grupos beneficiados es una consecuencia nefasta y recurrente.

Las últimas administraciones presidenciales han desarrollado la cuarta generación de políticas sociales, caracterizadas por la colaboración del sector privado como proveedor de bienes y servicios. El estado, por su parte, se ha conformado con la operación financiera de las responsabilidades que le asigna la constitución política de nuestro país. El Seguro Popular o la Cruzada Contra el Hambre son ejemplos de estos esfuerzos que han conseguido avanzar en un camino en el que el estado renuncia progresivamente a una de las responsabilidades que le corresponden: la utilización de la política social como un mecanismo para reducir la pobreza y la desigualdad.

En consecuencia, la superposición de unos programas sobre otros ha tenido como corolario el desgaste crónico de cada uno de ellos y la captura de sus beneficios por algunos grupos. Entonces, ¿cómo avanzar en la solución de estos problemas? La respuesta no es sencilla y requiere del trabajo decidido y constante de nuestros representantes políticos, aquellos que resulten elegidos el próximo año, y de la sociedad civil. ¿Son suficientes las medidas que promueve el Banco Mundial? La promoción de la salud, de la educación, la infraestructura, el apoyo al campo, las transferencias monetarias directas y la reforma fiscal no son una garantía. El repaso de las generaciones de programas que acabamos de hacer nos permite ver cómo se han ensayado estos mecanismos y por qué no han sido suficientes.

Quizá el problema es que no nos hemos dado a la tarea de revisar las premisas que están detrás del combate a la pobreza y la desigualdad. Por un lado, no hemos sido capaces de exigir a los gobiernos y estos no han podido formular una política social integral que coordine de manera efectiva los esfuerzos por paliar estos problemas fundamentales. Como señala Fernando Cortés, investigador de la UNAM citado en Animal Político, los apoyos no se focalizan adecuadamente y se emplean para perpetuar mecanismos políticos clientelares, se destinan recursos insuficientes y no se generan proyectos sustentables que transformen las regiones deprimidas en centros productivos autónomos.

Por otro lado, la premisa económica que se encuentra detrás de los esfuerzos gubernamentales e internacionales, como el del Banco Mundial, se sustenta en la desacreditada narrativa política desarrollada en torno a un estudio de Simon Kuznets: la idea de que el crecimiento económico es necesario para reducir la pobreza y la desigualdad por medio de una suerte de derrama del bienestar. En 1955, Kuzntes analizó algunos datos sobre la distribución del ingreso en Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania. Observó que, para un periodo de tiempo determinado, los ingresos se concentraban al principio para distribuirse después. Así se entendió que funcionaba la economía y así se diseñaron los programas económicos. Como apunta Kate Raworth, Kuznets fue el primero en sospechar y desechar este aforismo. No obstante, eso no impidió que un mar de políticas públicas se formulara sobre este principio.

La noción que indica que es necesario primero crecer para que después ocurra la distribución adecuada de los recursos es un objetivo visible en las políticas sociales mexicanas.  Confían, en demasía, que el crecimiento económico, la prioridad incuestionable, hará que los programas públicos que combaten la pobreza y la desigualdad sean más efectivos y resuelvan el problema. Sin embargo, las cosas no funcionan así, como el propio Kuznets reconoció cuando señaló que su hipótesis se basaba en “un 5% de información empírica y un 95% de especulaciones”, como apunta Raworth.

Entonces, ¿cómo avanzar en la solución de los problemas de pobreza y desigualdad? Desde luego, no hay una fórmula mágica que esté probada, pero tenemos que intentar algo diferente de lo que se ha hecho hasta ahora porque hemos fallado. Raworth propone un planteamiento diferente para hacer frente a estas cuestiones, avanzando en la formulación de una “economía con diseño distributivo”. En primer lugar, más allá de realizar transferencias monetarias directas, es indispensable lograr una mejor distribución de los recursos y del acceso a medios productivos. Por otro lado, la creación de dinero alternativo al que crea el estado, como el túmin, puede ayudar a activar regiones pauperizadas. Además, el desarrollo de culturas productivas y solidarias también es irrenunciable para que los grupos marginados superen los umbrales de pobreza. Finalmente, el acceso a tecnología y el conocimiento también es necesario para abatir la pobreza y cerrar la brecha de la desigualdad.

La agenda de los candidatos a las elecciones del próximo año debe contemplar estas problemáticas para que representen una opción valiosa para el futuro de nuestro país. Hay hechos que no se pueden soslayar: la concentración de la riqueza, la existencia de grupos y sectores privilegiados por el sistema político, la estructura fiscal favorable a los grupos con mayores ingresos, la ineficiencia de la educación pública y la violencia que causa la marginación. Estas cuestiones deben ser afrontadas desde el diseño integral de una política social que atienda las raíces de la pobreza y la desigualdad. Como ciudadanos, debemos exigir el ensayo de estrategias efectivas e innovadoras para resolver los grandes problemas nacionales.