Los casinos en México; el saldo pendiente para nuevo gobierno (primera parte)

De acuerdo con los datos de la Dirección General de Juegos y Sorteos de SEGOB, existen 37 grandes permisionarios para operar casinos en el país

De acuerdo con los datos de la Dirección General de Juegos y Sorteos de SEGOB, existen 37 grandes permisionarios para operar casinos en el país

Foto propiedad de: Internet

Me dirijo a ustedes porque sé que la agenda de temas que están construyendo para la Cuarta Transformación sin duda los tiene distraídos con las prioridades. Doña Tatiana, usted emprendió la lucha contra los casinos ilegales en Nuevo León, e ilustres juristas, Zoé y Olga Sánchez, porque serán la cabeza de sector que debe regularse a la inmediatez, mientras suceden cosas extraordinarias en el país, en los días recientes la Dirección General de Juegos y Sorteos, que según algunos informes está acéfala, otorgó de manera discrecional varios permisos:

 

Ocean Haman (Grupo Caliente): 2

Palacio de los Números: 1

Eventos Festivos de México: 1

Juegos y Sorteos de Jalisco: 1

Jumamex: 2

Op. Coincidencias Numéricas: 6

Petolof: 1

Producciones Móviles: 2

Y abrió la puerta a un nuevo permisionario: Grupo Azteca de Salinas Pliego.

De acuerdo con los datos de la Dirección General de Juegos y Sorteos de SEGOB, existen 37 grandes permisionarios para operar casinos en el país, de los cuales dos grupos empresariales concentran la mayoría de éstos: Codere (española) y Caliente (mexicana), lo que en sí ya es preocupante por la figura de “competidor preponderante”, es decir, cuasi monopolio.

De la lista presentada abajo por Bingos de México, destacan dos permisos revocados: Megasport, cuyos operadores han logrado darle la vuelta a la cancelación utilizando alianzas estratégicas con otros permisionarios, y Entretenimiento de México (EMEX), cuyo caso se debe a asuntos de conflicto político entre los propietarios Juan José y Arturo Rojas Cardona con funcionarios del sexenio de Felipe Calderón que le pedían participación en el mismo, desatando una de las guerras mediáticas más intensas al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto que incluyó acusaciones de crimen organizado, lavado de dinero, complicidades y conflicto de interés, los cuales a su vez contaminaron el tema de insubsistencia de Exciting Games, cuyo accionista principal tiene demandado al Estado mexicano.

 

Las marcas líderes que se mantienen hasta ahora son Codere/CIE con siete empresas permisionarias  con 137 licencias de las cuales tienen registradas 99; Caliente también con siete permisionarias con 76 licencias y ocupadas 40; CIRSA con dos permisionarias con 58 permisos y 42 abiertos;  Apuestas Internacionales de Grupo Televisa con sus Play City tiene 55 licencias y sólo abiertos 21 casinos (que ahora están venta por insuficiencias del negocio); Atracciones y Emociones Vallarta (un polémico grupo que originalmente fue dado a los hijos de Ramón Aguirre) tienen 50 permisos y sólo 28 en funcionamiento;  y los demás como Comechi, El Palacio de los Números, Comercializadora de Juegos de la Frontera, con alianzas poco claras, temporales, sospechosas y ligadas tanto a empresarios de baja reputación y envueltos en escándalos e investigaciones.

El nombre de los permisionarios y de los operadores de las casas de juego están en constante movimiento y la autoridad, que debería sancionar y vigilar, llega tarde e informa muy a destiempo para analizar la situación prevaleciente en cada empresa. Esto podría ocurrir dependiendo de qué empresa (nacional o extranjera) compra las licencias de Apuestas Internacionales (Play City) o de Comercializadora de Juegos de la Frontera (Big Bola) cuyos propietarios buscan deshacerse de este negocio que los ha puesto en la mira de las autoridades hacendarias. Más aún, qué cuentas se le debe hacer a la principal empresa transnacional en México cuyos accionistas dominantes son los llamados “fondos buitre” que han creado serios conflictos en países como Argentina o España.

Un caso de interés y de reciente explosión en nuestro país, si consideramos que éste existe desde hace décadas en otras naciones, es la industria de los juegos con apuestas y los sorteos, donde caben desde las carreras de caballos y galgos hasta los casinos, pasando por los palenques y otros torneos, que además de padecer una ley obsoleta de 1947 y un reglamento irregular de 2004 (y que la Suprema Corte tuvo que ratificar ante una industria ya en movimiento), los responsables de marcar las pautas a los órganos reguladores, parecen no haber entendido a fondo su funcionamiento, utilidad, ganancia social y riesgos (salud pública, control financiero ante el blanqueo transnacional, infiltración de intereses transnacionales y de seguridad pública y nacional), mientras en otros países las ofertas crecen de manera acelerada para ofertar nuevas alternativas de entretenimiento e innovación tecnológica.

En México esta industria está en pañales, pero también ante el riesgo de una debacle por la falta de adaptación de leyes y mecanismos regulatorios. En 2004, por asuntos políticos del entonces secretario de Gobernación con aspiraciones presidenciales, se impuso una reforma al reglamento de Juegos y Sorteos y unas adiciones más en el actual sexenio, mientras que una iniciativa de nueva ley en la materia fue aprobada por los diputados, pero durmió el sueño de los justos en el Senado de la República durante la pasada legislatura.

Entre el 2005 y el 2010 se abrieron cerca de 200 casinos, con poca o nula supervisión por parte de las autoridades federales y sí mucha complicidad de los alcaldes y algunos gobernadores que le vieron el beneficio económico. Esta situación provocó un desorden en cuanto a quiénes eran los dueños, y el origen de los recursos para instalar los casinos y, peor todavía, quiénes eran los clientes fuertes de sus mesas de juego.

Ahora viene el reto de impulsar una ley para este sector, en un gobierno en ciernes que está ya siendo abordado por grupos y actores de interés ligados al sector de juegos y sorteos, ya sea a favor o en contra. Por ejemplo, ahí están Tatiana Clouthier, quien fuera una de las impulsoras de la restricción a casinos en la zona metropolitana de Monterrey, lo mismo que el ex subsecretario de Gobernación Abraham González Uyeda, al que han señalado de ser un permisionario casinero, y el ex director de Atención de SEGOB Iván Peña Neder, acusado públicamente ser de la “mafia de Gobernación”.

A ellos se les deben sumar al menos cuatro casineros más que, bajo el halo de otras empresas e intereses, tienen intereses en Jalisco, Nuevo León y Baja California, y los cuales se sumaron públicamente a la campaña de Andrés Manuel López Obrador.

Esperen la segunda parte de este tema.

alexiabarriossendero@gmail.com